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[COLUMNA] Atacama se moviliza, por Yessica Vera

Reiteradamente escuchamos sobre el Bono Atacama como una petición sindical para mejorar las condiciones salariales, con el fin de solventar el alto costo de la vida, pero más bien son demandas sociales que cruzan de forma transversal a todos quienes habitamos en la región.

Ciudad de Copiapó

Se cumple más un mes y medio de paralización de los funcionarios públicos de la región, por una demanda asociada a un nuevo trato para Atacama.

Revisar las cifras de pobreza de la región puede facilitar la comprensión nacional acerca de la necesidad de este nuevo trato: Atacama presenta una paradojal gran brecha entre la pobreza multidimensional que afecta a un 26,2% de su población, versus la pobreza por ingresos, que según los datos, alcanzaría apenas un de 7,3% según la Casen 2013. Esta paradoja, más que ser una cifra difícil de explicar, da cuenta de cómo vive la comunidad pese a sus niveles de ingreso. Aquello es lo que reclaman los trabajadores del sector público: que la región debe tener un “trato especial” con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Además, hay dimensiones de la vida que la propia medición de pobreza no captura y que se reflejan en la demanda regional. Están las deudas medioambientales, los problemas de conectividad de la región, la calidad en educación, salud, trabajo, y vivienda, el acceso al ocio y la recreación, entre otros.

Reiteradamente hemos escuchado sobre el Bono Atacama como una petición sindical para mejorar las condiciones salariales, con el fin de solventar el alto costo de la vida. Aún así las demandas de este sector no se asocian solo a un bono, más bien son demandas sociales que cruzan de forma transversal a todos quienes habitamos en la región. Los temas levantados años antes y dejados como acuerdo en 2014, se asocian a los problemas de calidad de vida mencionados y se suman al bono especial de zona, todo ello para hacer justicia frente a las particularidades territoriales y el real costo de vida de los funcionarios públicos.

Luego del aluvión del 2015, los temas pendientes empeoraron, pero pasada la emergencia, se han vuelto invisibles para los medios de comunicación y para el resto del país. Recientemente se dio a conocer un estudio levantado por el INE, donde varias de nuestras regiones de las zonas norte y sur (extremas), son vistas como las más económicas para vivir. Aun así, los antecedentes que se entregaron no permiten un análisis de costo de la vida, del mismo modo los resultados no son representativos para todos los territorios. No se consideran las particularidades de Atacama, por ejemplo. En Copiapó, el costo del metro cúbico de agua (empresa Aguas Chañar)es de $1.031, a diferencia de Quinta Normal donde vale $305 (empresa Aguas Andinas) y de La Serena donde se paga $638,48 (empresa Aguas del Valle). Como se ve, este servicio básico en Copiapó está por sobre el costo promedio del país, y si a esto le sumamos el valor del agua purificada que los habitantes de la región deben adquirir para su consumo, el valor se incrementa considerablemente.

Otro tema donde se pueden apreciar las brechas sociales que afectan a Atacama es la educación. Los resultados del SIMCE años 2012 a 2014, dan cuenta de una brecha importante entre los colegios municipales y particulares, dejando a la región en los últimos lugares a nivel nacional. Lo mismo ocurre con la educación superior: la escasa oferta de carreras universitarias hace que la región se encuentre entre las tres primeras con menor participación en matrículas en Chile, lo que provoca la migración de los jóvenes para acceder a la educación.

La región de Atacama además, se caracteriza por una economía sustentada principalmente en la minería, lo que trae consigo inequidades en el territorio, problemas medioambientales y efectos en la sociedad: en primera instancia un incremento en el ingreso pero de forma desigual. Aun así es errado pensar que el ingreso va a solucionar los problemas de fondo, no podemos centrarnos solo en un bono, aunque sea algo básico para aminorar las brechas salariales. Lo que se requiere es una política y una estrategia regional, que promuevan y materialicen soluciones integrales.

La actual situación de Atacama no es otra cosa que una lucha por una distribución más equitativa de la riqueza, pero al mismo tiempo, esta reivindicación nos llama a cuestionarnos y comprender que el ingreso por sí solo no mejora la calidad de los servicios ni incrementa el bienestar de la comunidad. o ¿Será en realidad, un llamado de atención desde las regiones que buscan o anhelan un trato igualitario?

 

Columna de Yessica Vera, Directora Regional de Fundación Superación de la Pobreza Atacama

Publicada en El Que hay decierto.