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La fragilidad está en la mala distribución del ingreso, por Juan Carlos Feres

Columna de Juan Carlos Feres, Presidente de Fundación Superación de la Pobreza, publicada en Estrategia.

 

Acabamos de conocer el análisis de Fundación Sol a los datos de la Encuesta Casen 2015, denominado “Pobreza y la fragilidad del modelo chileno”, donde se intenta describir los alcances de la pobreza que afecta al país cuando sólo se computan los ingresos autónomos de los hogares, vale decir, sin considerar las transferencias monetarias del Estado (en forma de bonos u otro tipo de subsidios directos), ni el alquiler imputado por uso de una vivienda propia. Mira, por ende, exclusivamente los ingresos corrientes que los chilenos obtienen de su trabajo, jubilación y pensión, o la renta de ciertos activos.

El estudio muestra que de no considerarse los subsidios del Estado medidos en la Casen (IEF, SUF, PBS, bonos y otros) la pobreza subiría 4,1 puntos porcentuales (de 11,7 a 15,8%), y que si se resta además la imputación de alquiler, dicho índice alcanzaría el 26,9% de la población (más del doble que el indicador oficial).

 

Mujeres isleñas venden sus productos bajo la lluvia en la feria de Angelmó, en Puerto Montt, luego de sortear a intermediarios y correr el riesgo de que las expulsen por no contar con permisos municipales. Lo paradójico es que esta feria de relevancia comunal, como tantas otras, nació gracias a las familias isleñas y sus navegaciones (Fotografía: Ricardo Álvarez, 2016).

Mujeres isleñas venden sus productos bajo la lluvia en la feria de Angelmó, en Puerto Montt, luego de sortear a intermediarios y correr el riesgo de que las expulsen por no contar con permisos municipales. Lo paradójico es que esta feria de relevancia comunal, como tantas otras, nació gracias a las familias isleñas y sus navegaciones (Fotografía: Ricardo Álvarez, 2016).

 

Recordemos que, de acuerdo a los datos de esa misma encuesta, la mitad de los trabajadores chilenos obtiene menos de 300 mil pesos mensuales como ingreso líquido de su ocupación principal, el 70%, menos de 450 mil, y que el promedio general es de 462 mil pesos mensuales (cercano al valor de la línea de pobreza para un hogar de 4 personas). Todo lo cual se ve agravado, además, por marcadas diferencias entre las retribuciones a hombres y mujeres.

Más allá de las naturales discusiones metodológicas sobre cómo medir la pobreza, que están siempre vigentes en el debate, y respecto a lo cual nuestro país ha avanzado, actualizando la línea por ingresos e incorporando parámetros multidimensionales, lo cierto es que subsiste el hecho que no estamos siendo capaces de asegurar a las personas un ingreso que les permita sustentar con cierta estabilidad un nivel de bienestar mínimamente adecuado.

Pequeñas fluctuaciones en el ingreso desplazan “masivamente” a las personas hacia arriba o abajo de la línea de referencia, cualquiera que esta sea, sin que ello se corresponda necesariamente con un cambio significativo en su nivel de vida (acceso a servicios de mejor o peor calidad en salud, educación, previsión, habitat, seguridad u otros). Y esto obedece, en último término, a la elevada concentración del ingreso existente en nuestro país que, más allá de las leves mejoras que es del caso reconocer en el perfil distributivo en los últimos años, mantiene a Chile como uno de los países más desiguales del mundo.

Se agradece este tipo de análisis en torno a la información estadística que el propio Estado elabora, lo mismo que el reciente estudio divulgado por el PNUD sobre la desigualdad en Chile (Desiguales), porque contribuyen a ampliar la mirada y profundizar una realidad que en estricto rigor es efectivamente, para muchos, de una gran fragilidad. Fragilidad que sin duda es en extremo preocupante. Hay un conjunto inmenso de compatriotas, que fluctúa entre 2 millones y 5 millones de personas, que pese a su cotidiano esfuerzo productivo no logran reunir lo mínimo para atender a sus necesidades básicas, lo que resulta inaceptable porque hiere su dignidad, afecta su calidad de vida, y les dificulta desarrollar sus capacidades y ejercer sus legítimos derechos.