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OPINIÓN | ​Proteger y perfeccionar la tarea de la sociedad civil

Leonardo Moreno, Director Ejecutivo de Fundación Superación de la Pobreza

Leonardo Moreno, Director Ejecutivo de Fundación Superación de la Pobreza

 

Cuando hablamos de los casos de corrupción, abuso de poder, fraude o negligencia, pensamos que cada hecho que vamos conociendo abulta aún más las numerosas carpetas investigativas en forma inversamente proporcional al deterioro del erario público y de nuestras confianzas más básicas. Nos lastima e indigna que abusen de otros o de nosotros mismos, pero de paso, olvidamos reflexionar en torno a que conocemos los hechos que conocemos, porque hoy en día existen los mecanismos que lo permiten (Consejo Transparencia, Ley de Acceso a la Información, Redes sociales, Contraloría, Sernac, Garantías en Salud, Chile Compra, Odecu, etc.), y no porque en el pasado no sucediesen. Es decir, hemos avanzado indiscutiblemente en transparencia. Además, todo indica que las transformaciones en torno a la probidad y la transparencia tanto pública como privada debiesen seguir, porque aún nuestro sistema es perfectible y debemos tender a robustecer la democracia, en ningún caso a retroceder.

En nuestra sociedad, el prestigio y la credibilidad suelen tener un lugar preponderante en la supervivencia institucional, más allá de que la justicia funcione o no. Entonces, la afectación de verse involucrada en algún bochorno, puede ser letal para aquellas instituciones que están muchas veces al margen del poder. Me refiero a las organizaciones de la sociedad civil, que aportan muchísimo en el desarrollo social.

Ninguna institución, por más noble que sea su causa, está exenta de tener que dar explicaciones por errores (de acción u omisión), faltas éticas o delitos. Pero no por ello debemos desconocer que las instituciones de la sociedad civil se encuentran en una zona particularmente vulnerable del mapa social de los interesas agregados, puesto que dependen financieramente de uno de los dos o de ambos sectores que tiene el poder: el Estado y la empresa privada.

La crisis de la infancia, por ejemplo, ha afectado con fuerza en Chile no sólo al Estado y sus tres poderes, sino que también a las organizaciones colaboradoras del Sename, que pertenecen a la sociedad civil y que reciben y tratan a la enorme cantidad de niños y niñas cuyos derechos han sido vulnerados y deben quedar bajo la tutela del Estado. En muchos casos, su trabajo es dedicado, de calidad y notable en cuanto a la gestión de recursos escasos, pero también en muchos casos, estos organismos salen al ruedo a propósito de hechos políticos y no técnicos, con nefastas repercusiones que amenazan directamente su supervivencia como actores sociales. Algo similar estamos viendo con los casos de comportamiento indebido que han afectado a directivos de Unicef y Oxfam en el plano internacional.

El problema de esto radica en que nadie piensa que las instituciones del Estado deben desaparecer porque se ha encontrado corrupción en ellas, o que las empresas coludidas deben cerrar porque irrespetan la libre competencia y abusan de los consumidores. Se asume que hay que solucionar los problemas y hacer pagar a los responsables, pero que tanto Estado como empresa privada son fundamentales en el desarrollo de una sociedad y que por tanto hay que proteger y perfeccionar sus tareas.

No pasa lo mismo con la delicada estructura de la sociedad civil, que cumple un rol insustituible en ser puente de oportunidades y que cada vez perfecciona más sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, donde las remuneraciones profesionales son mucho más reducidas que en la empresa y el Estado, que trabaja allí dónde las oportunidades no llegan dada nuestra enorme segregación territorial o que abordan problemáticas que el Estado no es capaz de abordar. Estamos todos llamados a no dar la espalda a las organizaciones de la sociedad civil y hacer de su existencia y fortalecimiento, una causa para Chile.

 

Columna publicada en Estrategia.