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PROPUESTA UMBRALES SOCIALES FUE PRESENTADA EN IMPORTANTES CENTROS DE ESTUDIO

La FSP ha presentado su Propuesta para la Futura Política Social en el Instituto Libertad y Desarrollo, en el CED y en la Fundación Chile 21. El año 2006 ser difunda en diversos sectores tales como gremios empresariales, universidades, nuevas autoridades ministeriales y organizaciones de la sociedad civil. També‚n ser dada a conocer entre los legisladores.
Desde noviembre de este año, la Fundación ha presentado los contenidos del documento “Umbrales Sociales 2006, Propuesta para la Futura Política Social” en tres centros de estudio relevantes para el quehacer político del país. Expertos del Instituto Libertad y Desarrollo, del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) y de la Fundación Chile 21, manifestaron gran inter‚s por la propuesta y comentaron algunos de sus contenidos.

Fundación Chile 21

La propuesta se presentó ante expertos e invitados especiales en el marco del seminario Nuevo Pacto Social y Superación de la Pobreza, organizado por la FSP y Chile 21. Entre los expositores estuvieron, Joaquín Vial, Director FSP, quien abrió el seminario; Leonardo Moreno, Director Ejecutivo de la FSP, Osvaldo Larrañaga, Consultor FSP, Francisca Márquez, Directora FSP y Claudia Serrano, Directora de Asesorías para el Desarrollo.

El Director Ejecutivo de la FSP, Leonardo Moreno, dijo que la propuesta consiste en un conjunto acotado de dimensiones claves para el desarrollo humanos, que se centra en las más importantes y por ello, se pretende ampliar la discusión para que la propuesta sea complementada y enriquecida con aportes de expertos, políticos y miembros de la sociedad civil. “Pensamos que hoy día la superación de la pobreza exige nuevas y mejores garantías y que el país está suficientemente desarrollado como para plantearse nuevas metas”, expresó.

Asimismo, Moreno explicó que para elaborar la propuesta, la Fundación se planteó condiciones mínimas que son insoslayables para que estas garantías se puedan concretar, como son un crecimiento económico explicado no sólo por las grandes empresas, un contexto democrático, un acuerdo país y una nueva institucionalidad. “A partir de eso visualizamos dos anillos centrales que debieran ordenar el quehacer de la institucionalidad social:: aquel que explica a largo plazo la conformación de los activos humanos, sociales y patrimoniales de los hogares en pobreza, como son la educación, salud, vivienda y hábitat; y un segundo anillo que es lo que nos permite movilizar este patrimonio o estos activos: trabajo, fomento de las mipymes, participación e influencia pública”.

El director ejecutivo de la FSP destacó también la fuerza que ha tomado la idea de que la función evaluadora de las políticas públicas pueda ser realizada a partir de observatorios de la realidad social, que están ubicados fuera del Estado. “El caso de salud es un muy buen ejemplo de cómo el actual Gobierno se ha comprometido al establecimiento de un observatorio externo con financiamiento estatal. Una de las claves centrales para llevar adelante la institucionalidad social es el contar con observatorios sociales independientes a los aparatos públicos que están desarrollando las políticas y programas, y que sean técnicamente muy confiables”, concluyó.

Osvaldo Larrañaga, coordinador técnico en la elaboración de la propuesta, presentó una síntesis de los ejes centrales del documento. Larrañaga señaló que para avanzar en una mejor calidad de vida de las personas, se requiere avanzar en dos aspectos esenciales para las dimensiones del desarrollo humano: “avanzar en indicadores y por lo tanto definir mínimos; y avanzar en compromisos de las políticas publicas respecto a las dimensiones que aborda la propuesta, que en su forma m s comprometida toman la forma de derechos y garantías”.

La doctora en sociología y académica Claudia Serrano, que comentó la propuesta, manifestó que el documento marca un hito, pues los diagnósticos son notables, las propuestas sólidas y útiles, un trabajo extremadamente coherente y que produce gran confianza. Serrano celebró especialmente la “vuelta en los temas de pobreza al foco sectorial”. Según explicó, el núcleo duro de la política social es la política sectorial, y generalmente se trata en el sentido global y no en su capacidad de llegada y su valor como instrumento para combatir desigualdad y pobreza. “Y eso, creo que es el principal aporte de la propuesta”, dijo, y agregó que “un aporte adicional es que siendo muy sectorial (el documento) es sumamente integral en la manera en que se discuten los temas. Es integral y acotado, un plan de trabajo muy bien fundamentado y oportuno”.

Con respecto a las dimensiones abordadas, la académica destacó las propuestas en Educación. “Se abordan los temas de calidad con la modificación del estatuto docente, la evaluación y certificación de profesores y con la instalación de un profesor auxiliar y además se hace una distinción entre beca o subvención que me parece interesante”, concluyó.

La directora del Colegio de Antropólogos y miembro del directorio de la FSP, Francisca Márquez, que también comentó la propuesta en los ámbitos de Vivienda y Participación, explicó que el tema de la participación tiene mucho de transversal y todo el documento se presta muy bien para hacer una lectura de la participación y del ejercicio ciudadano que debiera existir en cada uno de los sectores abordados.

“La incidencia de las políticas sociales se asocia estrechamente a la actualidad del vinculo que seamos capaces de construir entre ciudadanía y estado. Las posibilidades de fortalecer la ciudadanía no son independientes de las políticas sectoriales”, señaló.

Con respecto al ámbito de Vivienda, manifestó que cuando se descuidan las políticas se niega lo que la vivienda contiene en términos de sus propiedades históricas, biográficas, simbólicas y políticas. “Lamentablemente los últimos estudios de Sur y del PNUD están mostrándonos que los pobladores que reciben los conjuntos habitacionales (no los que fueron construidos durante los años ochenta, sino los que fueron construidos durante el período de la democracia), casi un millón de personas, es decir dos tercios de estos habitantes, quieren irse de ahí y esto no es un dato menor, hay algo en estas viviendas que hemos construido en democracia que no se está adaptando ni a las necesidades ni a las expectativas de las familias. La percepción de no tener derecho a la vivienda digna está presente en muchos de ellos”, señaló.

La antropóloga expresó también que la arquitectura y el urbanismo de estos conjuntos habitacionales ha privilegiado la cantidad y conforman una solución que tiene problemas graves en términos de desconfianza, estigmatización porque se ha construido una gran opacidad al interior de los territorios, “esta superposición entre conjuntos de viviendas sociales y denuncias de violencia intrafamiliar nos está mostrando que ah¡ hay una bomba de tiempo, se está incubando un nivel de violencia y desencanto muy fuerte, por lo tanto hablar de participación ciudadana en este ámbito supone incorporar este descontento”, dijo.

Destacó algunas de las propuestas del documento en el ámbito de la vivienda que conjugan la integración funcional y material y la potenciación de la ciudadanía y participación.

Una de ellas se relaciona con la descentralización y fortalecimiento de la demanda. “La vivienda abre nuevas perspectivas de vida, por ello, me parece muy acertada la advertencia que hace el documento de que la demanda no puede quedar en manos de los intereses inmobiliarios. La descentralización de la gestión habitacional por parte del estado constituye una oportunidad, para muchos actores como municipios y ONG”s, pero sin un rol regulador fuerte del Estado la probabilidad de que la oferta inmobiliaria termine por reorganizar la demanda es alta”, concluyó

Finalmente, Márquez señaló que la vivienda no puede ser pensada sin el desarrollo urbano a la par. “Una de las principales razones por las cuales los pobladores quieren irse de las villas es el mal ambiente que allí predomina. La segregación urbana se nos ha transformado en un dato m s de la ciudad”, concluyó.

Instituto Libertad y Desarrollo

En el instituto Libertad y Desarrollo la presentación estuvo centrada en la propuesta de actualización de la Canasta de Satisfacción de Necesidades Básicas que contiene el documento de Umbrales Sociales 2006.

La exposición estuvo a cargo de Mauricio Rosenblüth, Coordinador de la Unidad de Investigación y Desarrollo, quien compartió las decisiones metodológicas y alternativas técnicas que se estudiaron para actualizar la Canasta de Satisfacción de Necesidades Básicas. Cabe destacar que la Canasta actualmente vigente fue elaborada a partir del patrón de consumo de los hogares registrado en 1988. En base al mismo enfoque y m‚todo, la Fundación ha propuesto una Canasta actualizada tomando en cuenta el patrón de consumo registrado por la V Encuesta de Presupuestos Familiares de 1996-1997, último CENSO de gastos realizado por el INE. Según él, los satisfactores de las necesidades básicas han cambiado y la relación entre gastos alimentarios y no alimentarios también. Por ello se hace fundamental tomar en cuenta estas modificaciones de tal forma que el indicador de pobreza discrimine bien entre situaciones adquisitivas restringidas que ponen en riesgo la satisfacción de dichas necesidades y un poder adquisitivo que permite a los hogares acceder a bienes y servicios básicos para funcionar en la sociedad.

Esta propuesta fue presentada en presencia de expertos como Rodrigo Castro, Rosita Camhi, Dagmar Raczynski, Juan Carlos Feres, Ignacio Irarrázabal, Dante Contreras, Padre Agustín Moreira, entre otros.

En general, los asistentes valoraron la propuesta y la necesidad de conformar un consejo técnico que se encargue de definir las modificaciones y actualizaciones que es necesario y viable efectuar al instrumento de medición de la pobreza, de manera tal que éste refleje mejor el nivel de desarrollo socioeconómico logrado por el país.

También, se reafirmaron los desafíos técnicos que deben ser abordados en lo próximo, tales como: ajuste por economías de escala, definición del factor no alimentario para el sector rural, la necesidad de contar con mediciones que visibilicen el fenómeno de rotación de la pobreza, y otros. Se requiere con urgencia de revisar los sentidos detrás del indicador, en esa dirección resulta muy relevante fijar un criterio de referencia para analizar la variabilidad en el ingreso de los hogares, entre otras.

Centro de Estudios para el Desarrollo

La propuesta también se presentó, a fines de noviembre, ante destacados expertos y economistas convocados por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). Durante la presentación del director ejecutivo de la FSP, Leonardo Moreno, estuvieron presentes los destacados economistas Ricardo Ffrench-Davis y Carlos Massad, y la presentación del director ejecutivo fue comentada por el cientista político Andrés Jouannet, Jefe de la División Social de Mideplan.

Durante el debate se relevaron temas tales como: la necesidad de repensar la institucionalidad social, ya que toda postergación en este ámbito reaparece después como un obstáculo que limita seriamente las posibilidades de mejorar el quehacer de las políticas sociales, más aún cuando éstas se derivan de un enfoque de derechos o garantías sociales.

Por otra parte, se destacó la propuesta de crear observatorios de la realidad social autónomos con financiamiento público y plurales en su composición. También se enfatizó lo importante de elaborar un planteamiento hacia las políticas económicas, ya que sus consecuencias producen aumentos o disminuciones importantes en la incidencia de la pobreza. De forma relacionada con lo anterior se mencionó la falta de un emplazamiento más claro al sector privado que debe comprometerse con las medidas y garantías sociales que se establezcan como país