El Grupo de Investigación y Acción por el Agua (GIAA), espacio que congrega a actores de la sociedad civil, dirigentes y dirigentas del secano y academia, presentó una iniciativa popular de norma que propone los principios rectores que debieran guiar el reconocimiento del agua como un bien común y su garantización como derecho constitucional. Esta iniciativa surge de la visión integral sobre las causas y efectos de la crisis hídrica en los territorios del secano.
Para crear esta propuesta se realizaron múltiples grupos focales como entrevistas a actores claves del territorio para invitar a realizar una reflexión acerca de las expectativas de los/las participantes en torno al proceso constituyente, asumiendo aprensiones y esperanzas del actual momento histórico en materia de aguas. Además, se interrogó sobre los distintos significados que las personas le atribuyen al agua, sobre los principios orientadores que debía considerar la nueva constitución para avanzar en una mejor gestión hídrica, y sobre el marco institucional que debía regular dicha gestión, entre otras materias.
En la iniciativa destaca el principio que busca garantizar la protección de tierras y territorios campesinos, además del acceso y uso de las aguas que sean necesarias para la producción familiar campesina agropecuaria y para salvaguardar su función social, cultural y ecosistémica.
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